Referentes de cámaras empresariales coincidieron en pedir cambios a la ley de responsabilidad penal para personas jurídicas debatida en el Senado y el principal que quieren es excluir de sanciones a las compañías que tuvieran un programa de integridad.

Estos planes son conocidos como compliance, consisten en una auditoría interna para evitar delitos de los empleados y ejecutivos, pero están lejos de ser infalibles.

Así lo entendieron los diputados de todos los bloques que optaron por modificar el proyecto original del Gobierno y evitar la eximición de las penas a las empresas que apliquen estos programas.

Se basaron en un dato que llegó a los pasillos del Congreso: la constructora brasileña Odebrecht tenía un compliance que no evitó que repartiera coimas en todo el mundo para ganar licitaciones.

El dato no fue tenido en cuenta por los empresarios invitados a la comisión de asuntos penales  del Senado, que se reunió por cuarta vez para debatir el proyecto y no lo trataría hasta después de las elecciones de octubre. Como tendrá cambios no será fácil que Diputados lo sancione este año.

"Hay que volver a la redacción original en lo que hace a la eximición de responsabilidad en los casos de que exista un programa de integridad", pidió Daniel Funes de la Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina.

Una posición similar tuvieron Alejandro Díaz y Juan Manuel Vaquer, CEO y prosecretario de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Vaquer rechazó la exclusión a las Pymes de las sanciones, impuesta por el massismo y cuestionada también por la titular de la oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

También criticó que los diputados hayan implementado la responsabilidad "objetiva" de las empresas, o sea, o se contemplará la intencionalidad al momento de sancionarlas. 

"El hecho de no establecer un régimen de responsabilidad subjetiva, sino hacerlo de manera objetiva como está redactado en la norma, no promueve y no incentiva las buenas prácticas porque trata a todos de la misma manera", cuestionaron.

Díaz fue más lejos y habló de un riesgo de perder inversiones, la frase que nunca quiere escuchar el Gobierno. No tuvo muchos oyentes, porque la campaña electoral le impidió estar a la mayoría de los senadores de la comisión.

Más preocupado pareció Julio César Crivelli, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. "Hay que coordinar todo esto, lo cual no es fácil por la anarquía que poseemos en nuestro derecho. Hay que trabajar muchísimo y profundamente en esta ley", propuso.

Carlos Rozen, Asociación Argentina de Ética y Compliance, defendió las bondades del programa que los empresarios consideran la llave de la transparencia. "Hay un 15% de la población que es corrupta bajo cualquier aspecto, un 15% que es honesta en todos los casos. El resto es voluble. Para eso está el programa de Compliance", explicó. Contó que en Perú y en Chile hay modelos de regulación de la Comisión de Valores, pero no lo imaginó para Argentina.

Los banqueros también pidieron revisar el alcance de los delitos posibles de las compañías, que los diputados no limitaron al cohecho, como pretendía el Gobierno. "Este es un proyecto de ley que combate la corrupción y el cohecho transnacional, de manera que es importante que los delitos a los que se refiere sean los referidos a estas conductas. No podemos tener una generalización", dijo María Elena Casasnovas de Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Munilla Lacasa, del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA)  pidió revisar el alcance de las penas, que van del 1% al 10% de la facturación de las compañías. 

"Violan el principio de proporcionalidad porque no guardan relación con la conducta o el beneficio obtenido sino con los beneficios anuales de la compañía, y eso da lugar a planteos de inconstitucionalidad".

Un reclamo similar había hecho Vaquer, representante de empresas estadounidenses. "Hay compañías que facturan mucho y tienen bajas tasas de ganancias. Como los supermercados", se victimizó. No hubo preguntas para nadie.